La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa expresó su preocupación por el alcance del Decreto Ejecutivo No. 10 de 2026, que establece nuevas disposiciones para el transporte mediante plataformas digitales, al considerar que podría impactar la libre empresa, la innovación y las oportunidades económicas en el país.
El gremio señaló que, si bien es necesario contar con reglas claras que garanticen la seguridad y calidad del servicio, la normativa introduce un modelo restrictivo que limita el desarrollo de la economía digital. Entre los cambios más relevantes, se destaca la centralización de la supervisión en la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, así como la obligación de operar a través de prestatarias y la limitación de las plataformas a un rol de intermediación tecnológica.
De acuerdo con APEDE, este esquema representa un retroceso frente a modelos más abiertos y eficientes, al reproducir estructuras tradicionales que podrían afectar la competencia, el acceso y la calidad del servicio. La asociación advirtió que la obligatoriedad de integrarse a prestatarias introduce barreras adicionales que elevan costos, reducen la autonomía y limitan la participación de emprendedores.
Otro de los puntos señalados es la facultad del Estado para fijar tarifas, lo que, según el gremio, restringe la capacidad de las plataformas digitales de adaptarse a la dinámica de oferta y demanda. Esta situación podría impactar la disponibilidad del servicio, especialmente en horarios de alta demanda, donde estos sistemas suelen ajustar precios y cobertura.
La organización también alertó sobre el incremento de requisitos administrativos y operativos, que podrían traducirse en mayor burocracia y dificultades para quienes dependen de estas plataformas como fuente de ingreso. Además, consideró que estas medidas envían señales negativas sobre el clima de inversión, particularmente en sectores vinculados a la tecnología y la economía colaborativa.
APEDE advirtió que la regulación podría tener efectos en el turismo, al limitar opciones de movilidad valoradas por visitantes internacionales, así como en la clase media panameña, que ha encontrado en estas plataformas una alternativa para generar ingresos adicionales en un contexto económico desafiante.
Finalmente, el gremio valoró la disposición del Ejecutivo de abrir espacios de diálogo, pero insistió en la necesidad de construir una regulación que no frene el desarrollo. A su juicio, Panamá requiere políticas públicas que promuevan la confianza, la inversión y la innovación, garantizando condiciones equitativas, incluso para extranjeros con estatus migratorio regular que buscan integrarse al mercado laboral formal.
