La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, una decisión con implicaciones directas para el sistema portuario y el entorno económico del país. El fallo fue adoptado tras la deliberación del Pleno de magistrados y comunicado oficialmente desde el Palacio de Justicia Gil Ponce.
La decisión guarda relación con las demandas de inconstitucionalidad y nulidad presentadas por la Contraloría General de la República contra el Contrato Ley y la prórroga otorgada a PPC durante la pasada administración. El pronunciamiento judicial reabre el debate sobre la legalidad de las concesiones portuarias y el marco jurídico que rige activos estratégicos para el comercio internacional de Panamá.
Tras conocerse el fallo, Panama Ports Company defendió su gestión al señalar que, durante 28 años de operación, la empresa y su inversionista han realizado más de 1,800 millones de dólares en inversiones en infraestructura, tecnología y desarrollo humano. Según PPC, estos aportes han generado miles de empleos directos e indirectos y han sido clave para consolidar a Panamá como un hub portuario y logístico de referencia mundial, atrayendo a las principales líneas navieras internacionales.
La empresa también expresó su preocupación por las implicaciones del fallo, al considerar que carece de fundamento jurídico y que podría afectar la seguridad jurídica del país, el clima de inversión y la estabilidad laboral de miles de familias que dependen directa o indirectamente de la actividad portuaria. PPC subrayó que el fallo contrasta con decisiones previas emitidas por la CSJ en relación con contratos de naturaleza similar.
Desde el Gobierno Nacional, el presidente José Raúl Mulino afirmó que los puertos panameños son pilares estratégicos de la economía nacional y un eslabón clave del comercio global. Aclaró que, mientras el fallo no quede ejecutoriado, se mantendrá un período de continuidad operativa, sin cambios en la gestión actual, con el fin de preservar la estabilidad del sistema portuario y laboral.
Mulino explicó que, una vez la decisión quede en firme, se iniciará un proceso de transición ordenada hasta la adjudicación de una nueva concesión, bajo términos favorables para el país. Para garantizar una gestión técnica y sin improvisaciones, designó al ingeniero Alberto Alemán Zubieta como coordinador de un equipo especializado que evaluará las competencias del sistema portuario, e instruyó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a coordinar de inmediato con PPC.
El mandatario también informó que, una vez finalice formalmente la concesión, una subsidiaria local del grupo danés AP Moller-Maersk operará los puertos durante la fase de transición, hasta que se licite y adjudique una nueva concesión. Además, aseguró que el Ministerio de Trabajo acompañará el proceso para garantizar una transición fluida, transparente y respetuosa de los derechos laborales.
En el ámbito internacional, el fallo generó reacción del Gobierno de China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, afirmó en Beijing que su país tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, en referencia a la vinculación de PPC con el conglomerado CK Hutchison Holdings, subrayando la dimensión global del caso y su relevancia para la inversión extranjera en Panamá.
