El cuarto Reporte Económico Ejecutivo Mensual presentado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), que analizó el desempeño de los principales indicadores macroeconómicos del país. De acuerdo con el análisis, la economía panameña registró un crecimiento acumulado de 4.2% entre enero y septiembre de 2025, al alcanzar un valor de $61,189.7 millones, lo que representa un incremento de $2,463.8 millones en comparación con el mismo período del año anterior.
De acuerdo con el informe, correspondiente a diciembre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) real mostró un crecimiento interanual de 3.9% durante el tercer trimestre, mientras que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) reportó una expansión de 4.37% en noviembre. Estos resultados confirman que Panamá mantiene una trayectoria de crecimiento económico, aunque a un ritmo más moderado y con una recuperación desigual entre los distintos sectores productivos.
En el ámbito de las finanzas públicas, el reporte de APEDE destaca una mejora en el balance fiscal. A septiembre de 2025, el déficit fiscal del Sector Público No Financiero se redujo a -4.6% del PIB, lo que representa una mejora de 1.7 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024. Sin embargo, el informe advierte que la deuda pública ascendió a $58,904.6 millones, equivalente al 65% del PIB, un nivel que continúa generando presión sobre la sostenibilidad fiscal y el manejo de las finanzas del Estado.
La presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, señaló que estos resultados refuerzan la necesidad de consolidar el crecimiento con decisiones responsables. “La disciplina fiscal, la inversión productiva y la calidad del gasto público son determinantes para proteger la confianza y generar más oportunidades”, afirmó.
“Más allá de las cifras, este reporte busca ayudar a tomar mejores decisiones. Panamá tiene bases sólidas, pero necesita coherencia, responsabilidad y visión de largo plazo para que el crecimiento se traduzca en bienestar real”, concluyó De Sanctis.
El reporte advierte que la presión tributaria se mantiene baja, con ingresos tributarios equivalentes a 7.1% del PIB, lo que limita el margen fiscal y refuerza la necesidad de mejorar la distribución del gasto hacia mayor gasto de capital y menor gasto corriente.
