El Proyecto de Ley 226, aprobado recientemente en la Asamblea Nacional, amplía beneficios, incorpora nuevos descuentos y aumenta otros ya existentes a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
Para la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), esto amerita una decisión clara del Ejecutivo: el proyecto debe ser vetado en su conjunto.
De acuerdo con el gremio, para una micro, pequeña o mediana empresa, un descuento obligatorio no es una cifra en una ley. Es una reducción directa sobre una venta mientras la planilla, el alquiler, la energía, los insumos, el financiamiento y los impuestos siguen costando lo mismo o inclusive más.
Las MiPymes no tienen capacidad ilimitada para absorber nuevas cargas. Cuando los costos aumentan de manera permanente, las alternativas son pocas: reducir márgenes, subir precios, posponer inversiones, limitar contrataciones o dejar de operar.
El crédito fiscal no resuelve el problema
Reconocer fiscalmente los descuentos es un tema pendiente que debe atenderse. Durante años, distintos sectores han asumido beneficios establecidos por ley sin un reconocimiento fiscal equivalente.
Incorporar un crédito fiscal del 100% no corrige por sí solo el problema de fondo.
Primero debe determinarse su viabilidad, su costo para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para hacerlo efectivo. Y aun si ese mecanismo funcionara, seguiría pendiente la pregunta principal: ¿es sostenible continuar ampliando una política social mediante obligaciones impuestas al tejido empresarial?
Una política social necesita sostenibilidad
La solidaridad con nuestros adultos mayores es responsabilidad de toda la sociedad. No debe descansar de forma creciente y permanente sobre determinados sectores productivos.
Antes de imponer nuevas cargas, corresponde evaluar el régimen vigente, su impacto inflacionario sobre precios, empleo, inversión y MiPymes, así como la participación que debe asumir el Estado en su financiamiento.
También debemos fortalecer el cumplimiento de los beneficios que ya existen y atender las causas que obligan a muchos adultos mayores a buscar en el sector privado respuestas que deberían encontrar oportunamente en los servicios públicos.
Nuestra posición es clara: pedimos al Presidente de la República vetar esta iniciativa y abrir una revisión integral, técnica, fiscal y económica.
Proteger a nuestros adultos mayores es necesario. Hacerlo poniendo más presión sobre las MiPymes no es sostenible.
