En un entorno global cada vez más competitivo por atraer capital, Panamá enfrenta el desafío de fortalecer sus instituciones como condición para consolidar la confianza de los inversionistas y ampliar sus oportunidades de inversión. Más allá de sus ventajas geográficas, la dolarización y sus perspectivas económicas, las empresas requieren certeza sobre la estabilidad de las reglas, el cumplimiento de los contratos y la capacidad de las instituciones para responder de manera eficiente y predecible. En este escenario, la seguridad jurídica y la fortaleza institucional se convierten en factores determinantes para quienes evalúan inversiones con horizontes de cinco, diez o más años.
De acuerdo con Alberto López Tom, Presidente Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Panamá cuenta con fortalezas extraordinarias para competir: una ubicación estratégica, conectividad global, una plataforma logística de alcance mundial, un sistema financiero desarrollado y una economía dolarizada. Sin embargo, para aprovechar plenamente estas ventajas necesitamos instituciones capaces de generar certeza y sobre todo confianza. Cuando las reglas son claras y las instituciones funcionan, las empresas invierten, reinvierten, generan empleo y se aventuran a crecer. Cuando la confianza se deteriora, ocurre lo contrario: las decisiones se postergan, el capital actúa con mayor cautela y las oportunidades pueden trasladarse hacia otros destinos.
Tam hace referencia a los indicadores que reflejan precisamente esa dualidad. En julio de 2026, la medición del Nivel de Confianza Económica realizado por ELEMÉNTE se situó en 8.1 sobre 10, manteniéndose en un rango alto, mientras que el 22% de las empresas prevé aumentar su planilla durante los próximos doce meses. Son señales alentadoras, aunque acompañadas de cierta cautela. Las empresas que esperan incrementar sus ventas en ese mismo período pasaron de 61% en junio a 52% en julio. La lectura es clara: existe confianza, pero también prudencia frente al futuro, y esa percepción termina influyendo en las decisiones de inversión, contratación y crecimiento.
Al enfocar la mirada hacia la calidad de nuestras instituciones, aparecen señales que merecen especial atención. En el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, Panamá obtuvo una puntuación de 0.52 sobre 1, ubicándose en la posición 73 de 143 países y en el puesto 14 de 32 economías de América Latina y el Caribe.
Sin embargo, al observar sus distintos componentes, los desafíos son aún más evidentes: mientras el país ocupa la posición 49 a nivel mundial en gobierno abierto, cae al puesto 87 en justicia civil, 93 en ausencia de corrupción y 105 en justicia penal. Es claro que la administración de justicia es nuestra principal debilidad.
Sobre este punto, APEDE ha tomado la iniciativa de lanzar el Observatorio de Transparencia Judicial como parte de nuestra contribución hacia el país.
En el Índice de Libertad Económica 2026, Panamá alcanzó 64.9 puntos y la posición 63 entre 184 economías, retrocediendo desde el puesto 56 que ocupaba un año antes. Y el Índice de Calidad Institucional 2026 presenta otra señal importante: nuestras instituciones económicas ocupan el puesto 57, mientras las instituciones políticas se sitúan en el 75. Estas brechas evidencian que fortalecer la justicia, combatir la corrupción y garantizar una aplicación efectiva de las normas sigue siendo fundamental para construir la confianza que el país necesita.
Para el presidente de APEDE, la reciente transición en el Ministerio de Educación evidencia la importancia de contar con instituciones que trasciendan los cambios de dirigencia. En educación, los avances no pueden reiniciarse con cada administración: debemos preservar lo que funciona, corregir lo necesario y mantener políticas de largo plazo que generen confianza y preparen el talento que Panamá necesita.
El caso de la Dirección General de Ingresos plantea otro desafío. Las irregularidades bajo investigación no son únicamente un asunto judicial; también ponen a prueba los controles institucionales y la confianza de los contribuyentes. Ambos casos, aunque distintos, nos recuerdan que la fortaleza de un país depende también de instituciones capaces de garantizar continuidad, transparencia y rendición de cuentas.
No se trata solamente de Meduca o de la DGI, se trata de cómo construimos instituciones capaces de trascender personas, gobiernos y coyunturas.
Los indicadores internacionales refuerzan la necesidad de avanzar. Panamá obtuvo 33 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, por debajo del promedio de las Américas, de 42 puntos, y aún distante de países como Uruguay, con 73; Chile, con 63; y Costa Rica, con 56. Sin embargo, también contamos con fortalezas sobre las cuales construir. En el Índice de Democracia 2025, Panamá alcanzó 7.04 sobre 10, ocupando la posición 44 entre 167 países y el quinto lugar en América Latina y el Caribe. Asimismo, en calidad institucional nos mantenemos por encima del promedio latinoamericano. El reto no es partir de cero, sino cerrar las brechas que aún limitan nuestra capacidad de generar mayor confianza y competitividad.
Panamá cuenta con fortalezas sobre las cuales avanzar, pero países como Uruguay, Costa Rica y Chile nos superan de manera consistente en varios indicadores, confirmando que la calidad institucional también es un factor de competitividad. Para quienes invierten, la confianza significa reglas claras, seguridad jurídica y condiciones equitativas para competir. Esa certeza reduce riesgos y favorece la inversión, la innovación y el empleo. En cambio, la desconfianza actúa como un impuesto invisible que encarece hacer negocios y frena decisiones. Por eso, fortalecer las instituciones es también una condición para crecer y generar mayores oportunidades.
Desde APEDE queremos conectar, evolucionar e incidir, y eso significa ir más allá de señalar los problemas: debemos proponer soluciones, medir resultados y contribuir a construir políticas que trasciendan los períodos de gobierno. Panamá tiene el potencial para avanzar, pero necesita instituciones sólidas, transparentes y eficientes, capaces de generar seguridad jurídica y reglas claras para todos. La confianza se construye con tiempo y resultados; convertirla en un activo del país es fundamental para atraer inversión, generar oportunidades y crecer con una visión de largo plazo.
