Cuatro productos de la canasta básica familiar continuarán bajo el régimen de control de precios por un período adicional de seis meses, tras la promulgación del Decreto Ejecutivo N.º 1 del 15 de enero de 2026, emitido por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). La medida busca contener el impacto en el costo de vida y mantener la estabilidad de precios en alimentos de alto consumo.
Los productos que permanecen regulados son la carne molida de primera —excluyendo las presentaciones especial kosher y baja en grasa—, con un precio máximo de $2.15 por libra o $4.74 por kilogramo; el aceite vegetal de palma o soya, en envases de 1.42 a 1.5 litros, con un precio tope de $3.74; la leche en polvo entera o instantánea, en presentaciones de 345 a 400 gramos, con un precio máximo de $3.76; y el pan de molde blanco, en empaques de 14 a 18 onzas, con un precio máximo de 0.92 centésimos.
El decreto también fija un margen bruto máximo de comercialización del 15 % para el aceite vegetal, la leche en polvo y el pan de molde blanco, con el objetivo de limitar distorsiones en la cadena de distribución y garantizar que la regulación se traslade efectivamente al consumidor final.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) será la entidad responsable de fiscalizar el cumplimiento del control de precios en los diferentes establecimientos comerciales a nivel nacional, con excepción del territorio insular. La institución mantendrá operativos de supervisión para asegurar la correcta aplicación de la normativa.
Como parte del proceso de ajuste gradual de la política de control de precios impulsada por el Ejecutivo, algunos productos fueron excluidos de la regulación. Entre ellos figuran el queso amarillo procesado, el pollo entero Panamá, la babilla y el bistec de cinta con hueso, que a partir de ahora se regirán por las condiciones del mercado.
Las autoridades señalaron que la exclusión de estos productos responde a un análisis de oferta, demanda y comportamiento de precios, y forma parte de una estrategia orientada a una transición progresiva hacia la liberalización, sin comprometer la protección del consumidor ni la estabilidad del mercado de alimentos básicos.
