Panamá enfrenta un momento decisivo para su estabilidad económica e institucional, tras varios años marcados por tensiones fiscales, desafíos de gobernanza y señales de alerta provenientes de los mercados internacionales. La reciente reafirmación —con observaciones— de las calificaciones de riesgo por parte de Moody’s y S&P, sumada a la degradación previa anunciada por Fitch Ratings, reavivó el llamado a reforzar la institucionalidad, la transparencia y la responsabilidad fiscal. Para gremios empresariales y analistas, estas advertencias constituyen un mensaje directo al país: sin disciplina fiscal y sin instituciones sólidas, la confianza internacional podría deteriorarse.
El mantenimiento del grado de inversión se ha convertido en una prioridad económica nacional. Más allá de ser un indicador técnico, su impacto es directo en la vida de los panameños: determina las tasas de interés de los préstamos personales y empresariales, condiciona el costo del financiamiento del Estado y define la disponibilidad de recursos para salud, educación, infraestructura y servicios públicos. También influye en la llegada de inversión extranjera, en la competitividad del país y en la capacidad de generar empleo. Los expertos coinciden en que Panamá no puede arriesgar este estatus por falta de disciplina de gobierno o apatía ciudadana.
Para la presidenta de Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia De Sanctis,, las agencias calificadoras han sido claras en sus exigencias: reducción del déficit fiscal, corrección de rigideces en el gasto público, mayor recaudación, fortalecimiento de la transparencia y garantías de estabilidad jurídica. Estos elementos, insisten, son indispensables para proteger a la población más vulnerable y para asegurar la sostenibilidad financiera de programas como pensiones, educación y salud.
En medio de este escenario, el Gobierno Nacional anunció el inicio del proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un paso considerado estratégico por el sector empresarial. Aunque es un proceso que podría tomar varios años, APEDE destaca que, si se implementa con compromiso técnico y político, puede convertirse en un motor de reformas que fortalezca la credibilidad del país ante los inversionistas y las calificadoras.
De acuerdo con De Sanctis, la presión competitiva también proviene del exterior. Con una región cada vez más activa en la atracción de capital y talento, Panamá enfrenta el reto de mantener su atractivo como hub logístico, financiero y empresarial. Para ello, proteger el grado de inversión y mejorar el riesgo país deben considerarse objetivos nacionales, no temas de confrontación política. La seguridad jurídica, la estabilidad normativa y una administración pública eficiente son factores clave para sostener el liderazgo regional del país.
En este contexto, APEDE enfatiza la necesidad de construir consensos amplios que trasciendan ciclos electorales y diferencias partidarias. La estabilidad económica —subraya el gremio— no se decreta por ley; se construye con diálogo, evidencia y decisiones responsables. La organización reafirma su disposición a aportar conocimiento técnico, propuestas y espacios de articulación que permitan fortalecer la confianza de los mercados en Panamá.
Finalmente, APEDE hizo un llamado a convertir la política fiscal en una política de Estado, al tiempo que insistió en no postergar reformas necesarias para consolidar la institucionalidad y la competitividad del país. El gremio asegura que Panamá cuenta con el potencial para recuperar su liderazgo y confianza internacional, y reiteró que el sector privado está listo para desempeñar un rol activo en las soluciones que el país necesita.
