Panamá se convierte en el primer país de América Latina en establecer la protección de los arrecifes coralinos a través de la Ley 304 del 31 de mayo de 2022, la cual fue presentada como una iniciativa ciudadana por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y representa una protección para los arrecifes y para otros ecosistemas afines como praderas de pastos marinos, importantes zonas con gran proximidad a los arrecifes y hogar de fauna marina.
Con esta normativa, por primera vez el Estado reconoce que la conservación de los arrecifes de coral, formaciones coralinas y especies asociadas es de interés público para garantizar el derecho a un ambiente sano de todos los habitantes.
Esto hace que Panamá se posicione como una nación concienciada ante la necesidad de evitar la extinción de los ecosistemas de mayor biodiversidad marina y que da pasos firmes en el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que establece un plan para la futura protección de los océanos. Específicamente, está ligada al Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos.
Como proponente de la ley, el CIAM ha dado seguimiento al proceso de aprobación y seguirá desarrollando iniciativas para educar a la ciudadanía sobre el impacto de la norma.
María Gabriella Dutari, abogada de CIAM, manifestó: “Permaneceremos vigilantes a que se cumpla la ley y que se integren a todas las partes involucradas, porque la pronta implementación es necesaria para pasar de lo plasmado en papel a la ejecución real de la Ley.”
A nivel nacional se ha evidenciado la presencia de más de 130 especies de coral en la costa del Pacífico y en el Caribe panameño, sin embargo han sido perjudicadas por diversas razones como la contaminación, sobrepesca, turismo irresponsable, acidificación de los océanos y crisis climática, entre otras.
Al ser hábitats de reproducción y crecimiento de peces, los corales son fundamentales para garantizar la seguridad alimentaria de las zonas en donde se encuentran; sin embargo, toda actividad debe darse de forma responsable y regulada por las autoridades responsables.
Informes de las Naciones Unidas comunican que el 70% de los arrecifes de coral de la Tierra están amenazados: el 20% de ellos ya está destruido sin esperanza de recuperación, el 24% corre riesgo inminente de colapso y un 26% más está en riesgo por amenazas a largo plazo.
El 81% de los arrecifes de coral del Caribe panameño están en la comarca Guna Yala. Por ello, la Ley reconoce el derecho al uso y manejo tradicional de los recursos marino-costeros que ancestralmente han utilizado los pueblos indígenas, acorde a la sostenibilidad y a que no sean degradados. El Estado deberá promover la sensibilización respecto a estos recursos y los servicios que brindan, de conformidad con sus métodos tradicionales de participación y con el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.
