El Ministerio de Comercio e Industrias emitió una resolución que autoriza la remoción de material en la mina Cobre Panamá, ubicada en el distrito de Donoso, en Colón, como parte de la ejecución del Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), con el objetivo de prevenir riesgos ambientales y proteger la salud de las comunidades cercanas.
De acuerdo con la entidad, la medida responde a la necesidad de evitar la generación de drenaje ácido producto de la exposición del material a condiciones climáticas, lo que podría afectar el suelo y las fuentes de agua si no se maneja de forma adecuada.
La decisión se sustenta en evaluaciones técnicas, ambientales y legales, apoyadas en el artículo 115 del Código de Recursos Minerales, el Decreto Ejecutivo No. 5 de 1 de abril de 2026, la Resolución 45 de 2025 del MICI, el propio Plan de Preservación y Gestión Segura y los resultados de una auditoría integral independiente.
Asimismo, el MICI indicó que se implementarán medidas específicas para garantizar el manejo seguro de estos materiales, bajo criterios técnicos, ambientales y de seguridad, mientras que la empresa será responsable de cubrir la totalidad de los costos asociados, sin generar erogaciones para el Estado.
La entidad explicó que la empresa será responsable de cubrir en su totalidad todos los costos y gastos asociados a la ejecución de las actividades establecidas en la resolución, sin que esto represente erogación alguna para el Estado. Asimismo, y en línea con lo aplicado en 2025, una vez se obtenga el concentrado de cobre en condiciones de ser comercializado, este estará sujeto al pago de las regalías correspondientes sobre el producto exportado.
La institución reiteró que esta disposición no implica la reactivación de la actividad minera, sino que responde a una acción preventiva orientada a salvaguardar el ambiente y asegurar la estabilidad del área intervenida.
El proceso contará con supervisión permanente del Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Ambiente y demás entidades competentes, asegurando el cumplimiento riguroso de la normativa vigente y de las obligaciones de seguimiento e informes que se establecen en la resolución.
