En los próximos días se presentará a la Asamblea Nacional de Panamá el proyecto de ley 1-26, iniciativa que contempla el cierre total de las operaciones del Banco Hipotecario Nacional como parte de un proceso de reestructuración del sistema estatal de financiamiento habitacional y que fue aprobada en Consejo de Gabinete.
La propuesta busca dar paso a un nuevo modelo institucional orientado a modernizar la política de acceso a la vivienda en el país, mediante un esquema de financiamiento más eficiente, sostenible y con enfoque social, que permita fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a la demanda habitacional.
El proyecto de ley establece que el cierre del BHN se ejecutará de forma progresiva, a través de un Plan de Transición Institucional que será elaborado por el Comité de Transición y deberá ser aprobado por el Órgano Ejecutivo. Una vez promulgada la ley, el proceso de cierre no podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2027.
El comité de transición, ente que coordinará todos los trámites para el cierre de las operaciones del BHN, estará integrado por el Miviot, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); la Caja de Ahorros y la Contraloría General de la República.
Bajo el nuevo modelo, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) reafirmará la rectoría de la Política Nacional de Vivienda, mientras que la Caja de Ahorros (CA) ejercerá el rol de banca social hipotecaria.
Lo anterior evitará duplicidades, reducirá los costos operativos, fortalecerá el crédito social y habilitará mecanismos modernos de articulación público-privada para la producción de una vivienda social.
Las competencias que ejercía el BHN en virtud de las facultades otorgadas por la Ley 123 de 2013, correspondientes a las funciones de diseño, rectoría, subsidios, programas de vivienda de interés social, planificación, y desarrollo de proyectos público-privados, así como la articulación territorial, serán ahora competencia del Miviot.
Por otro lado, las competencias relativas a financiamiento hipotecario, administración crediticia y estructuración de productos financieros corresponderán a la Caja de Ahorros.
La Junta Directiva de la CA determinará, mediante régimen especial, el proceso de migración de carteras de aquellos productos hipotecarios y financieros del BHN, garantizando la continuidad de atención de usuarios transferidos.
Esta disposición no constituye una fusión bancaria. La Caja de Ahorros adoptará las medidas necesarias para el manejo de estas carteras por separado de sus operaciones bancarias.
El proyecto también propone un Régimen de Colaboración Público-Privada Habitacional, con la creación de la Dirección del Fondo de Vivienda Social, adscrita al Miviot, y coordinada a través del ministro.
Esta dirección estará a cargo del desarrollo de proyectos de interés social en los cuales las entidades privadas tengan participación. Dichas entidades podrán, en asocio con el Estado, fomentar la construcción de viviendas de interés social para venta y/o alquiler social.
