El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 506, que ordena el pago de los intereses por mora derivados de la retención de la segunda partida del décimo tercer mes de los años 1972 a 1983, beneficiando a servidores públicos y trabajadores del sector privado que laboraron durante dicho período.
La histórica sanción otorga justicia a miles de funcionarios y exfuncionarios que, por más de cuatro décadas, mantuvieron vigente su legítima aspiración al reconocimiento de este derecho laboral. El acto constituye una reivindicación para quienes dedicaron años de servicio al país.
“Les digo a los señores que a diario piquetean por todas partes: este es un compromiso adquirido y pronto recibirán el monto de sus intereses”, expresó el presidente Mulino durante su conferencia habitual de los jueves, horas antes de la firma.
El acto de sanción, firmado por el mandatario y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reafirma el compromiso del Estado con la equidad, la legalidad y el respeto a los derechos adquiridos, así como una muestra de la voluntad institucional para saldar obligaciones pendientes y fortalecer la confianza ciudadana en las acciones del gobierno.
“Es una deuda que nosotros no causamos, pero nos toca honrar porque son obligaciones del Estado y no de un gobierno, así como nos ha tocado cumplir otras desde el inicio de esta administración. Este gobierno no seguirá trasladando problemas al futuro: los enfrenta y resuelve con planificación y seriedad, sin improvisación y demuestra que podemos cumplir la ley, atender a las personas y cuidar las finanzas públicas al mismo tiempo”, destacó Chapman.
Los pagos se realizarán a partir del próximo mes de junio, por medio de un plan de entrega ordenado. Se emitirán los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), documentos que incorporan el nombre del beneficiario, el monto a recibir y la fecha de vencimiento.
El MEF será la entidad responsable de coordinar y comunicar el proceso, y los pagos se harán luego de un registro y citas digitales para evitar filas y aglomeraciones, con el fin de garantizar la salud y bienestar de los adultos mayores que acudan a retirar su certificado.
Igualmente, se aclaró que estos podrán ser transferibles, no están sujetos a impuestos y no pueden ser embargados. Y en caso de que el beneficiario haya fallecido, sus familiares podrán hacer efectivo el cobro realizando un trámite ante las autoridades.
“Señor presidente, gracias porque usted ha cumplido el deber que otros no hicieron y le dieron larga. Usted ha cumplido con el honor de ser un presidente que cumple su palabra… Gracias por habernos llamado a la Presidencia para decirnos que nos está cumpliendo este deseo y se nos pague lo que hemos luchado por años”, mencionó la beneficiada.
