La noche cayó sobre el mirador del Puente de las Américas cuando pasadas las 9:00 p.m. se ejecutó la demolición del monumento chino, un hecho que rápidamente generó atención pública y reacciones en distintos sectores sociales, diplomáticos y gubernamentales del país. La remoción de la estructura, considerada un símbolo de la hermandad entre Panamá y la comunidad china, abrió un debate sobre patrimonio cultural, procedimientos administrativos y posibles repercusiones diplomáticas.
Tras el retiro del monumento, la reacción fue inmediata. La embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, acudió al lugar en horas de la noche para constatar lo ocurrido, evidenciando la preocupación del cuerpo diplomático chino ante la forma en que se desarrollaron los hechos y el impacto simbólico de la demolición.
La diplomatica expresó en redes sociales que cuando se reunió con la alcaldesa Satefany Peñalba, le dijo: “esto afecta el sentimiento de 300 mil paisanos chinos en Panamá y es pertinente escuchar sus opiniones”.
Horas más tarde, la Alcaldía de Arraiján explicó que la decisión respondió a criterios de seguridad estructural. Según un comunicado oficial, el mirador presentaba riesgos para los visitantes, por lo que se optó por una remoción preventiva como medida de protección para turistas y transeúntes que frecuentan el área.
De acuerdo con la información técnica, una inspección realizada por la Dirección de Obras y Construcciones constató el deterioro visible de la estructura principal, incluyendo bases corroídas, grietas en las instalaciones y zonas inestables, condiciones que —según la autoridad municipal— representaban un peligro para el público y justificaban la intervención inmediata.
Sin embargo, la Comunidad Chino Panameña expresó un enérgico rechazo a lo ocurrido, calificando el desmantelamiento del Parque Mirador de Las Américas como un acto arbitrario, ejecutado sin notificación previa, sin consulta pública y sin comunicación formal con las organizaciones representativas del sector. La comunidad sostuvo que se vulneraron principios fundamentales de legalidad, transparencia, participación ciudadana y debido proceso.
El pronunciamiento subraya que el parque no era solo una estructura física, sino un espacio vivo de memoria colectiva, destinado a honrar a los primeros inmigrantes chinos que contribuyeron de manera decisiva a la construcción del Ferrocarril y del Canal de Panamá. Además, recordó que el monumento fue edificado con aportes directos de la comunidad chino panameña, en el marco de los 150 años de presencia continua de esta colectividad en el país, y que desde junio de 2024 se habían realizado gestiones ante la alcaldía para darle mantenimiento.
Postura del Gobierno Nacional
El Gobierno Nacional también fijó posición, dejando claro que no comparte la destrucción del elemento cultural ancestral chino, ni el procedimiento utilizado, al señalar que la demolición se realizó en horas nocturnas, sin diálogo, sin aviso y sin coordinación con las autoridades nacionales ni con los sectores involucrados. El Ejecutivo enfatizó que no existió comunicación previa ni articulación interinstitucional para una decisión de esta magnitud.
En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la preservación de los derechos culturales, considerados derechos humanos, y ordenó la inmediata restauración del monumento en su mismo lugar, en coordinación con la Comunidad China de Panamá y el Ministerio de Cultura. Asimismo, anunció que se adelantarán las gestiones necesarias para su reconstrucción, como muestra de respeto a la diversidad cultural que —según señaló— engrandece a la nación panameña.
