Para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el 2025 fue un año marcado por decisiones complejas. Citan como ejemplo la aprobación de la reforma a la Caja de Seguro Social donde quedó en evidencia que cuesta dialogar antes de llegar al desgaste. “El país no puede seguir resolviendo los temas estructurales desde la confrontación; necesitamos evidencia, escucha y acuerdos oportunos”.
En lo económico, señala el gremio, el balance es más alentador de lo que muchos anticipaban a inicios de año. Tras meses difíciles marcados por protestas y afectaciones reales —especialmente en Bocas del Toro, donde el empleo y las exportaciones sufrieron impactos severos— la economía mostró capacidad de recuperación.
Al tercer trimestre de 2025, el PIB real creció 3.9% interanual, y en el acumulado enero–septiembre el crecimiento alcanzó 4.2%, superando el ritmo del año anterior. Estas cifras permiten proyectar un cierre de año cercano al 4–4.5%, en un contexto todavía desafiante.
Este dinamismo estuvo impulsado principalmente por el Canal de Panamá, el transporte y la logística, el turismo, el sector financiero y el comercio. Sin embargo, el crecimiento fue desigual. Actividades como la agricultura y algunas ramas industriales mostraron retrocesos importantes, reflejando una economía que avanza, pero no de manera homogénea, y donde las brechas territoriales y sectoriales siguen siendo una tarea pendiente.
De acuerdo con Giulia De Sanctis, presidente de Apede, el 2026 nos exige decisiones importante entre las que destaca:
1- Enfrentar sin excusas, el desempleo e informalidad: La informalidad no es una abstracción económica; es el emprendedor atrapado en trámites interminables, la trabajadora independiente que no factura porque nadie se lo exige, el ciudadano que no se inscribe en la CSS porque el sistema resulta complejo, costoso o poco amigable. Formalizarse sigue siendo más difícil de lo que debería, y el Estado tiene la responsabilidad de simplificar, digitalizar, acompañar y, también, fiscalizar con criterio.
2- Recuperar la confianza en lo público: Esa confianza no se reconstruye con discursos, sino con reglas claras, resultados medibles y un combate frontal contra la corrupción. En este sentido, el Proyecto de Ley 291 —Ley General Anticorrupción— representa una oportunidad concreta para fortalecer la institucionalidad. No debatirlo ni aprobarlo enviaría un mensaje peligroso: que la impunidad sigue teniendo espacio. Y cuando la impunidad se normaliza, se debilita el Estado, se encarece el financiamiento y se compromete el desarrollo.
3- Proyectos estratégicos ejecutados con responsabilidad, transparencia y reglas claras: En 2026 seguiremos abordando debates complejos como el de la minería, frente al cual APEDE ha mantenido una posición seria y coherente. El cierre de la mina tuvo impactos económicos y sociales reales, particularmente en provincias del interior como Coclé. Su reapertura tendría efectos positivos en la economía, las finanzas públicas y el empleo, siempre que se cuente previamente con los resultados de la auditoría integral actualmente en curso.
Para De Sanctis, el 2026 debe consolidar la cultura del consenso. “El acuerdo alcanzado en la mesa de salario mínimo, con todas sus diferencias, demostró que el diálogo basado en la realidad económica es posible. Cuando empleadores, trabajadores y Estado se sientan a negociar con responsabilidad, gana Panamá”.
Desde APEDE seguiremos insistiendo en una ruta clara: Panamá no se rescata con extremos. Se construye con instituciones fuertes, ética pública, políticas que reduzcan la burocracia, una economía que genere empleo de calidad y un Estado que mida resultados y rinda cuentas, puntualizó.
