El proyecto de Presupuesto General del Estado 2026, por el orden de los $34 mil 900 millones, refleja el esfuerzo del gobierno por contener el gasto operativo, que crece apenas un 1% respecto al año anterior, y aumentar la inversión pública. Sin embargo, este esfuerzo aún resulta insuficiente para enfrentar los desafíos estructurales de un Estado, que ha ido creciendo de forma improvisada, sin una visión racional y con un modelo presupuestario que sigue hipotecando el futuro de Panamá.
Desde la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) reconocemos avances importantes: por primera vez en muchos años, los ingresos corrientes proyectados del sector público serán suficientes para cubrir el gasto operativo e intereses de la deuda. Esta es una señal en la dirección correcta. Además, se apunta hacia un incremento del 25% en la inversión total respecto a 2025, lo cual puede tener un impacto favorable si, en efecto, se invierte y ejecuta de manera eficiente en los sectores más vulnerables como salud, educación, acceso de agua potable e infraestructura.
No obstante, el presupuesto 2026 sigue condicionado por las presiones que ejerce una estructura estatal que no ha sido reformada. La planilla estatal, que ya supera los 250,000 funcionarios y representa más de $6 mil millones anuales, continúa siendo una carga insostenible, que pareciera no disminuir, debido más a criterios clientelares que de efectividad y eficiencia de los servicios públicos. La existencia de más de 90 instituciones públicas, muchas con funciones duplicadas, alimenta un déficit fiscal que no se resolverá sin una verdadera política de reducción del Estado, pensada y orientada hacia y por los ciudadanos.
¿Dónde están las propuestas legislativas para optimizar la estructura estatal y racionalizar el gasto público? No basta con ajustar cifras; es necesario transformar la lógica de cómo se presupuesta y se ejecuta el gasto en Panamá. La sostenibilidad no se logrará manteniendo exoneraciones fiscales que datan de hace más de 30 años, ni con asignaciones presupuestarias condicionadas a porcentajes irreales del PIB, que debe revisarse hacia un modelo más acorde con la capacidad real de ingresos del gobierno.
Por otra parte, la tasa de desempleo, que ronda el 9.5%, sin tomar en cuenta los sucesos de Bocas del Toro que dejaron más de 6 mil panameños sin trabajo, es un llamado de atención que exige al gobierno orientar sus esfuerzos hacia la generación de empleo, promoviendo un entorno propicio para la inversión privada que se traduzca en oportunidades para los panameños.
En APEDE comprendemos las limitaciones de un contexto económico complejo, pero insistimos en que Panamá necesita un Estado eficiente, con recursos bien distribuidos y un gasto público que estimule la productividad, la confianza y el desarrollo humano.
Reiteramos nuestra disposición a contribuir, desde el sector empresarial, con propuestas técnicas y diálogo permanente, para que el Presupuesto General del Estado 2026 sea una herramienta real de transformación hacia la sostenibilidad fiscal y el desarrollo integral de Panamá.
