La Contraloría General de la República de Panamá presentó este miércoles dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia en contra del Contrato Ley de Panama Ports Company y sus modificaciones.
El Contralor General, Anel Flores, explicó que se trata de una demanda de inconstitucionalidad, presentada ante el Pleno de la Corte, y una demanda de nulidad por ilegalidad, remitida a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo. Ambas acciones se basan en irregularidades detectadas durante la auditoría oficial realizada al contrato entre el Estado panameño y Panama Ports.
“El día de hoy, en defensa de los intereses del país, presentamos estas dos acciones judiciales que responden a serias irregularidades detectadas en la auditoría practicada a Panama Ports y sus contratos”, expresó el Contralor, quien calificó el acuerdo como “abusivo y atentatorio contra los intereses nacionales”.
Una de las principales preocupaciones gira en torno a la prórroga del contrato otorgada al final de la administración anterior, la cual —según la Contraloría— no fue refrendada por el ente fiscalizador, contraviniendo lo establecido en la Constitución Política, la Ley 32 de 1984 y la Ley 56 de 2008.
“Estamos solicitando la anulación de esa extensión porque fue otorgada fuera del marco legal. Es inadmisible que otros países negocien sobre bienes que pertenecen a los panameños sin que Panamá tenga voz ni voto”, enfatizó Flores.
El Contralor también alertó sobre posibles movimientos y negociaciones internacionales relacionadas con los puertos panameños, que, según dijo, no han contado con la participación del Estado panameño. “Hay negociaciones multimillonarias en marcha en otras latitudes, que no incluyen a Panamá, el verdadero propietario de esos activos. Por eso actuamos”, afirmó con contundencia.
La Contraloría reiteró su llamado al Ministerio Público para que actúe conforme a los hallazgos contenidos en el Informe de Auditoría sobre Panama Ports, y reafirmó su compromiso con la defensa de los recursos del pueblo panameño y el cumplimiento del mandato constitucional de velar por el patrimonio nacional.
“Los panameños no estamos de acuerdo con lo vivido durante más de dos décadas de relación con Panama Ports. Nuestro deber institucional es claro”, señaló Flores.
