Una auditoría que se inició en 2022 en la Cooperativa de Servicios Múltiples dio con el hallazgo de 14 irregularidades en la parte financiera y otros 10 más en los controles o medidas de prevención de blanqueo de capitales que nunca fueron atendidos por su administración.
Ante el incumplimiento en los procesos de controles que exige la Ley 23 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y dicta otras disposiciones, el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) canceló la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L.
De los hechos más relevantes determinados en la auditoría se destaca que esta cooperativa ha recibido del sindicato Suntracs unos 8 millones de dólares desde 2012, y otorgado un 79% de sus créditos a terceras personas y no a sus propios asociados, como establecen las normas del cooperativismo.
Erika Vargas, directora ejecutiva del Ipacoop, explicó que dentro de la auditoría se encontró que el aporte de los 8 millones de dólares del sindicato Suntracs a la cooperativa se dio mediante dos líneas de crédito. Esto significa que esta cooperativa está siendo utilizada como una intermediaria de fondos del sindicato, que son canalizados a terceros y a empresas vinculadas sin la aplicación de la debida diligencia que exige la Ley 23 y sin hacer un análisis riguroso sobre la capacidad de pago de las empresas y terceros, beneficiando a dichas empresas y terceros en detrimento de sus propios asociados.
Añadió Vargas que en la auditoría se encontraron transacciones inusuales, como la de un asociado y directivo de esta cooperativa que recibió un crédito para la compra de un vehículo por la suma de 52 mil dólares en un plazo de 8 años. Sin embargo, este directivo de la cooperativa, que cuenta con un salario de 2,800 dólares mensuales, canceló el saldo de este préstamo en un término de 2 años, realizando adelantos de pagos entre 5 mil a 10 mil dólares, lo cual evidencia que se excede del perfil financiero declarado.
El oficial de cumplimiento de la cooperativa Suntracs no realizó los reportes correspondientes ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ni reportó los pagos arriba de los 10 mil dólares en efectivo. Este oficial de cumplimiento que debió crear la alerta a la unidad de análisis financiero no cumplió con los procesos de controles que exige la Ley 23, para el pago de dicha deuda, señaló la directora ejecutiva de la entidad.
En Panamá, existen más de 600 cooperativas en los sectores de salud, educación, transporte, vivienda y servicios múltiples con más de 250 mil asociados.
