Panamá tiene una responsabilidad clara: cumplir con los estándares internacionales que hoy rigen la economía global. Si queremos jugar en las grandes ligas, debemos actuar con seriedad, transparencia y visión de Estado. En eso coincidimos plenamente con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y reconocemos el esfuerzo que se adelanta para fortalecer la reputación fiscal del país y avanzar hacia la exclusión de Panamá de listas internacionales que afectan nuestra competitividad.
El Proyecto de Ley No. 641, que propone un nuevo régimen de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera en Panamá, responde a ese objetivo legítimo y necesario. Como Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, compartimos la importancia de que el país adopte reglas alineadas con las mejores prácticas internacionales. Sin embargo, también creemos que este proceso debe hacerse con equilibrio, técnica y visión integral.
Cumplir no debe significar perder competitividad, transparencia ni capacidad de atracción extranjera. Panamá ha construido, durante décadas, una plataforma sólida como centro regional de servicios, inversión, comercio, logística y negocios internacionales. Esa fortaleza no puede debilitarse por normas que, aun siendo bien intencionadas, puedan generar cargas excesivas, duplicidades regulatorias o incertidumbre jurídica para quienes operan de manera legítima.
Nuestro planteamiento no es de oposición, sino de construcción. Queremos contribuir a que el proyecto alcance su propósito sin afectar innecesariamente sectores estratégicos ni estructuras empresariales que ya cumplen con estándares robustos de operación, supervisión y transparencia. La meta debe ser clara: cumplir con el mundo, sin dejar de competir con el mundo.
Por eso consideramos importante que el régimen de sustancia económica cuente con reglas proporcionales, criterios objetivos, una implementación gradual y adecuada coordinación institucional. También estimamos necesario reconocer aquellos regímenes y sectores que ya están sujetos a exigencias sustanciales de presencia, supervisión y cumplimiento, evitando así duplicidades que no aportan valor adicional al objetivo de transparencia fiscal.
En cuanto a la Marina Mercante, vemos con buenos ojos que tanto el Órgano Legislativo como el MEF hayan mostrado voluntad para que este sector no forme parte del alcance de este Proyecto de Ley. Esa apertura al diálogo demuestra que, cuando se escuchan los argumentos técnicos, es posible encontrar soluciones que protejan los intereses del país sin apartarnos de nuestros compromisos internacionales.
Desde la Cámara reiteramos nuestra disposición de seguir aportando en este proceso. Estamos convencidos de que, mediante el diálogo técnico y la colaboración público-privada, podemos construir una legislación que fortalezca la reputación internacional de Panamá y, al mismo tiempo, preserve aquello que nos hace competitivos.
