La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá planteó que el debate sobre el etiquetado frontal de advertencia en alimentos debe abordarse con mayor análisis técnico, al considerar que actualmente no existe un consenso internacional sobre cuál es el modelo más adecuado para informar al consumidor sin generar efectos económicos no deseados.
El gremio sostuvo que en regiones como Europa, Estados Unidos y varios países de América Latina persisten distintos esquemas regulatorios, muchos de ellos aún en revisión, lo que evidencia que el tema sigue en evolución y no responde a una fórmula única aplicable a todos los mercados.
Según la Cámara, el etiquetado frontal simplifica la información nutricional mediante advertencias visibles en el empaque, pero advierte que una política centrada únicamente en símbolos podría resultar limitada si no va acompañada de elementos que permitan comprender mejor el contenido alimentario y sus implicaciones para la salud.
Entre las preocupaciones señaladas figura el impacto económico que tendría una implementación obligatoria bajo un esquema único. El sector empresarial indicó que la adaptación de empaques, reformulación de productos y ajustes en procesos de producción implican costos que, en un mercado pequeño como el panameño, podrían trasladarse al consumidor final mediante aumentos de precios.
Asimismo, advirtió que regulaciones más exigentes que en otros países podrían afectar la oferta de productos en el mercado nacional, ya que algunas marcas podrían optar por reducir su presencia comercial en el país ante mayores costos operativos, lo que eventualmente disminuiría la competencia y la variedad disponible en supermercados.
Como alternativa, el gremio propuso impulsar el etiquetado electrónico como mecanismo complementario, al considerar que esta modalidad permite ampliar la información nutricional sin necesidad de modificar de forma costosa los empaques. A su juicio, esta herramienta facilita el acceso a datos más completos y ofrece al consumidor mayores elementos para tomar decisiones de compra.
La Cámara subrayó además que cualquier política pública en esta materia debe acompañarse de programas de educación alimentaria, al sostener que ningún sistema de etiquetado por sí solo resolverá los problemas asociados a hábitos de consumo. En ese sentido, indicó que el principal objetivo debe ser fortalecer la capacidad de los ciudadanos para interpretar la información y adoptar decisiones informadas sobre su alimentación
