La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) solicitó formalmente a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), iniciar una investigación sobre los aumentos recurrentes en los precios de planes de servicios aplicados por empresas de telecomunicaciones en Panamá. La petición busca determinar si estos incrementos podrían estar afectando las condiciones de libre y leal competencia en el mercado.
De acuerdo con la entidad reguladora, las compañías Tigo y Cable & Wireless Panamá han implementado en los últimos años ajustes de precios en distintos planes vinculados a servicios como internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada. Esta situación, según la ASEP, ha generado inquietud y malestar entre los usuarios que utilizan estos servicios.
La ASEP explicó que el mercado de telecomunicaciones en Panamá funciona bajo un esquema de libre competencia, lo que permite a las empresas fijar sus tarifas conforme a las reglas del sector. No obstante, aunque las concesionarias han cumplido con la obligación de notificar los incrementos con al menos 30 días de anticipación, tal como establece la normativa vigente, la entidad considera necesario que la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia evalúe si los aumentos aplicados en periodos similares podrían tener impacto en la competencia del mercado.
Paralelamente, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos realizó el pasado 21 de febrero inspecciones a las empresas Tigo y Cable & Wireless Panamá, durante las cuales se detectaron deficiencias en los procesos de atención y gestión de solicitudes de los usuarios. Entre los hallazgos se identificó la necesidad de mantener visible el Reglamento de Deberes y Derechos de los Usuarios, así como mejorar los tiempos de respuesta y la efectividad en la atención al cliente.
La entidad reguladora advirtió que, de persistir estas irregularidades, se podrían aplicar las sanciones establecidas en la legislación vigente. Asimismo, reiteró que continuará reforzando sus acciones de fiscalización a nivel nacional sobre todas las empresas concesionarias, con el objetivo de garantizar servicios públicos de calidad, continuos y confiables para la población
