El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el inicio del proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas con la habilitación de un acceso directo, en el sitio web del Registro Público, a la lista de las sociedades incluidas en este proceso y los avances en la actualización del marco normativo.
La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, indicó que el proceso busca depurar el Registro Público, mejorar la información corporativa y evitar el uso indebido de estructuras jurídicas, e informó que la lista de personas jurídicas suspendidas incluidas en la disolución, representa solo un 62% de la lista final a disolver, la que estará disponible para consulta en el sitio web: https://registro-publico.gob.pa/descargarfoliossuspendidos/ garantizando la debida publicidad y el acceso oportuno a la información.
El proceso iniciará el 27 de febrero de 2026 y se ejecutará en dos etapas. La primera comprende a las personas jurídicas que mantienen un marginal de disolución por falta de pago de la tasa única por más de veinte años, específicamente antes y después del año 2016, conforme al artículo 318-A del Código Fiscal. La segunda etapa abarcará a las personas jurídicas con estatus suspendido en el Registro Público, según el artículo 318-A del Código Fiscal, conforme a las modificaciones de la Ley 52 de 2016 y la Ley 254 de 2021.
En la etapa 1, se ejecutarán resoluciones administrativas emitidas por la Dirección General de Ingresos en 2016, que ordenaron la colocación de marginal de disolución a 290,534 personas jurídicas. El proceso comenzará con un primer bloque de 180,883 sociedades, cuya información fue homologada y continuará de forma escalonada, controlada y continua.
Para asegurar una ejecución coordinada, el Ministerio de Economía y Finanzas estableció una Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Depuración de Personas Jurídicas, integrada por el MEF, el Registro Público de Panamá y la Superintendencia de Sujetos no Financieros. “Esta articulación ha permitido avances importantes en la homologación y validación de bases de datos, garantizando información confiable para el desarrollo del proceso”, destacó la viceministra.
Adicionalmente, como parte del esfuerzo integral para fortalecer la transparencia, la Viceministra anunció que el Gobierno Nacional trabaja en la actualización del marco normativo, incluyendo una modificación puntual a la Ley 32 de 1927, limitada exclusivamente a la prohibición expresa de la emisión de acciones al portador. Esta adecuación responde a las recientes actualizaciones de la Recomendación 24 del GAFI, que refuerzan los requerimientos sobre identificación y acceso a la información de beneficiarios finales.
La viceministra Sáiz subrayó que esta modificación no representa un cambio disruptivo para el sector privado, ya que la emisión de acciones al portador no es una práctica vigente en Panamá. “Se trata de consolidar legalmente una realidad operativa existente, aportar claridad jurídica y evitar observaciones en futuras evaluaciones internacionales”, afirmó.
Adicionalmente, indicó que estas acciones están alineadas con los estándares del Foro Global de la OCDE, y la Dirección General de Ingresos avanza en posibles ajustes a las leyes 51 y 52 de 2016, como parte de la hoja de ruta para la salida de Panamá de listados internacionales.
