Esta semana, “La Voz de Apede”, hace referencia al interés de Panamá en iniciar su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Una decisión que, según el gremio, exige ser evaluada con objetividad y asumida con responsabilidad colectiva, porque su éxito dependerá no solo del compromiso del Gobierno, sino también de la participación de todos los sectores de la sociedad panameña.
Destaca Apede que uno de los principales aprendizajes que acompañan a la adhesión a la OCDE es la necesidad de medir el impacto de las políticas públicas, un ejercicio que Panamá debe incorporar de manera sistemática. Sin embargo, los cambios que se anticipan como positivos —en materia de transparencia, institucionalidad y gobernanza— deben evaluarse también frente a aquellos posibles efectos adversos que podrían derivarse de la adopción de compromisos y convenios internacionales.
Giulia De Sanctis, Presidenta Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, señala que “el verdadero desafío no está en adherirse, sino en transformar las prácticas que nos impiden crecer con equidad y transparencia. La adhesión a la OCDE debe servir para poner a prueba nuestras instituciones, medir nuestras políticas y rendir cuentas con rigor. Solo así este proceso tendrá sentido y podrá traducirse en bienestar real para la ciudadanía”.
La adhesión funciona, en el mejor de los casos, como un motor de reformas que promueven la eficiencia del gasto público, la competencia económica y la rendición de cuentas. Pero para que ello ocurra, el país y todos sus actores y ciudadanos, debemos tener claridad sobre su modelo de desarrollo, una visión de largo plazo y la voluntad política de sostener los cambios, añadió De Sanctis.
Para el gremio empresarial, Panamá llega a esta etapa con desafíos estructurales: una deuda pública que supera el 66% del PIB, un entorno institucional débil y una confianza ciudadana en retroceso. En ese contexto, la adhesión podría convertirse en una oportunidad de revisión integral del Estado, siempre que se enfoque en elevar la calidad de las políticas públicas y fortalecer la gobernanza.
Reconocen además que el país avanzas en algunos temas de interés: salió de la Lista Gris del GAFI (2023), fue excluido de la lista europea de alto riesgo (2025) y adoptó el Instrumento Multilateral de la OCDE contra la evasión fiscal. Son pasos relevantes, pero el desafío real está en sostenerlos en el tiempo y traducirlos en instituciones más sólidas y transparentes.
Agrega De Sanctis que “Ser parte de la OCDE implica demostrar respeto al Estado de Derecho, independencia institucional y políticas públicas basadas en evidencia. Son principios que APEDE ha defendido por más de seis décadas, porque sin instituciones fuertes, no hay desarrollo sostenible ni confianza posible”.
