La corrupción se ha consolidado como una de las principales preocupaciones ciudadanas en Panamá, reflejo de una percepción creciente sobre su impacto en la vida económica y social del país.
Aunque el tema ha estado presente durante años en la conversación pública, aún no se perciben acciones firmes ni sostenidas para enfrentarla con la determinación que demanda la ciudadanía.
De acuerdo con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), actualmente, existen 13 Anteproyectos y 7 Proyectos de Ley en materia de anticorrupción que permanecen sin discusión en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
“Estas iniciativas no son perfectas, pero comparten un propósito fundamental: atacar el principal cáncer de nuestra sociedad. Se trata de herramientas indispensables para fortalecer las instituciones, proteger a quienes denuncian, promover la transparencia y cerrar los espacios donde la impunidad prospera”, sostiene Juan Alberto Arias, presidente de la CCIAP.
Ante este escenario, el gremio exige se avance con estas iniciativas legislativas, porque Panamá merece instituciones fuertes, funcionarios y ciudadanos íntegros, corruptos y corruptores tras las rejas y una sociedad vigilante que no tolere la impunidad.
En tanto, Giulia De Sanctis, Presidenta Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, argumenta que el Proyecto de Ley 291 – Ley General Anticorrupción, presentado por el Procurador General de la Nación, representa una oportunidad para lograr un marco legal moderno y fortalecer la capacidad del Ministerio Público en el combate de los delitos contra la administración pública y así reconstruir la confianza en el Estado.
“No se trata de una simple reforma penal, sino de una apuesta por la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas. El proyecto amplía los plazos de prescripción, regula la colaboración eficaz, fortalece el rol y refuerza la autonomía del Ministerio Público y promueve la cooperación internacional en casos complejos. Todo bajo control judicial, garantizando el debido proceso y los derechos de los investigados.
De acuerdo con Transparencia Internacional (2024), el país obtuvo una calificación de 33 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándose en la posición 114 entre 180 países, un resultado inferior al alcanzado en 2018 (37/100).
