La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y los aliados del observatorio Panamá, ¡cuéntame!, presentaron el V informe de Calidad de Vida, donde se analizó el activo de las personas y hábitat urbano, con la finalidad de identificar factores y contribuir a establecer acciones integrales que mejoren la calidad de vida de los panameños.
Jose Ramón Icaza, expresidente de la CCIAP y vocero de Panamá, ¡cuéntame!, presentó los resultados del informe, destacando que a pesar del notorio crecimiento económico que ha tenido el país en la última década y la disminución generalizada de la pobreza y la pobreza extrema, todavía subsisten notables disparidades en distintas esferas y sectores de análisis, como el acceso a la educación y a la salud ; el acceso al mercado laboral; el acceso a tener una vivienda y servicios básicos adecuados (como electricidad, agua potable, servicios de saneamiento, recolección de la basura), en vivir en un ambiente seguro y libre de contaminación, en tener mejores espacios públicos para la convivencia ciudadana así como una mejor movilidad vial (urbana), siguen siendo limitados para determinados grupos socioeconómicos y demográficos.
“Muchas veces estas desigualdades que enfrenta la sociedad panameña parten de la confianza de la ciudadanía en las instituciones, el Estado de Derecho y una calidad de gestión administrativa por parte de nuestros gobernantes en el uso eficiente de los recursos públicos, agregó Icaza.
De acuerdo con el informe, los niveles de pobreza extrema han disminuido en Panamá, pasando de 10.0% en el 2019 a 9.5% en el 2021, a pesar de la pandemia de coronavirus. Esta reducción se debe a los programas sociales y especialmente a los creados para apoyar a las personas afectadas en el contexto de la crisis del COVID-19.
Por otro lado, la pobreza multidimensional que identifica a personas que están privadas en aspectos que son considerados necesarios para tener un nivel de bienestar adecuado como salud, educación, vivienda, trabajo y ambiente, ha tenido una notable caída de 19.1% a 14.8%, entre los años 2017 y 2022.
Por su parte, la desigualdad económica, medida por el coeficiente de Gini, disminuyó de 53% a 47% entre el 2009 y 2019, pero se incrementó tras la pandemia del COVID 19, registrando un valor de 51% en el año 2021, colocando a Panamá como el tercer país de América Latina con una distribución de riqueza desfavorable.
En lo relacionado al tema de educación, señala el documento que aunque ha habido mejoras en la matrícula y tasas de alfabetización, se observan disparidades en cuanto al acceso y calidad de la educación. Los niveles de matrícula neta han caído significativamente principalmente en estudiantes de preescolar, premedia y media, siendo este último el nivel educativo que posee la mayor proporción de estudiantes que no asisten a los centros educativos en un 58%.
El país aún se encuentra por debajo del promedio de la OCDE en cuanto a la tasa de matriculados en la educación superior. (matricula bruta Panamá, año 2022: 48% y OCDE: 79%).
El análisis hecho subraya que Panamá ha logrado aumentar la esperanza de vida de 74.3 años a 78.7 años entre los años 2000 y 2022, pero persisten desafíos en la mortalidad infantil, acceso a servicios de salud y la incidencia del VIH. La infraestructura de salud enfrenta deficiencias, especialmente en regiones como Emberá y Guna Yala. El gasto público en salud sigue siendo inferior al promedio de la OCDE.
En cuanto al empleo, a pesar del leve aumento en la población ocupada (1%), la tasa de desempleo juvenil sigue siendo alta, esta es de 15.4% para el año 2023. La informalidad laboral ha aumentado en la última década, afectando principalmente a las mujeres. La empresa privada, a pesar de ser la mayor generadora de empleo, ha experimentado una disminución en la proporción de empleos formales.
Otro tema analizado fue el de seguridad ciudadana. Según el informe, los delitos han aumentado en un 14% entre los años 2019 y 2023, destacándose la violencia doméstica como uno de los delitos más denunciados. Aunque la tasa de robos ha disminuido, los homicidios han aumentado en un 16% en estos años, especialmente entre los jóvenes.
Los delitos contra el patrimonio económico (como robo, hurtos, estafas); contra el orden jurídico familiar y el estado civil (violencia doméstica, maltrato al menor, maltrato al adulto mayor); contra la vida y la integridad Personal (homicidios, femicidios, lesiones personales); contra la seguridad colectiva (tales como posesión y tráfico de drogas; crimen organizado, pandillerismo, posesión de armas, tráfico de armas) y los delitos contra la libertad e integridad sexual (violación) son los delitos genéricos que más se denuncian en el Sistema Penal Acusatorio a nivel Nacional.
De acuerdo con datos de Insight Crime del año 2023, a nivel de América Latina, incluyendo los países del Caribe, al menos 117,492 personas fueron asesinadas en esta región, lo que arrojó una tasa de 20 por cada 100 mil habitantes. El Salvador tiene la tasa más baja de América Latina con 2.4 por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa más alta la registra Ecuador con 44.5 por cada 100 mil habitantes. Panamá registra una tasa de 12.5 por cada 100 mil habitantes.
