La Asociación Bancaria de Panamá expresó su preocupación por los posibles efectos del Proyecto de Ley 388, aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, que establece un procedimiento administrativo para el reconocimiento de la prescripción de deudas con bancos y entidades financieras una vez vencido el plazo legal para su cobro.
El gremio bancario advirtió que, más allá de los cuestionamientos sobre su constitucionalidad, la iniciativa podría generar efectos directos en el acceso al crédito para personas, familias y empresas, al modificar condiciones que actualmente sostienen la confianza y el funcionamiento del sistema financiero panameño.
Según la asociación, el sistema de crédito en Panamá se apoya en la cultura de pago de la mayoría de los clientes bancarios, lo que ha permitido mantener niveles estables de morosidad y garantizar que el financiamiento continúe siendo una herramienta clave para la adquisición de vivienda, el emprendimiento y otras necesidades familiares.
El proyecto aprobado permitirá que los deudores presenten directamente ante las entidades financieras una solicitud de reconocimiento de prescripción de deuda, sin necesidad de acudir a un proceso judicial. La propuesta fue impulsada por Ernesto Cedeño, quien sostuvo que la medida busca ofrecer una vía más rápida y menos costosa para extinguir obligaciones crediticias que, en algunos casos, continúan siendo reclamadas por agencias de cobro tras la venta de carteras vencidas.
La Asociación Bancaria de Panamá señaló que algunas disposiciones del proyecto podrían enviar señales equivocadas al sistema, al incentivar que ciertos deudores opten por esperar la prescripción en lugar de buscar acuerdos o reestructuraciones con sus acreedores, especialmente si desaparecen referencias negativas de su historial crediticio.
El gremio también advirtió que la nueva ruta administrativa podría duplicar procedimientos actualmente contemplados en la vía judicial, al involucrar a las entidades financieras, la Superintendencia de Bancos de Panamá y eventualmente a la Corte Suprema de Justicia, lo que, a su juicio, podría aumentar costos, complejidad e incertidumbre jurídica en el sistema.
Finalmente, la organización sostuvo que cualquier aumento en el riesgo crediticio puede traducirse en condiciones más estrictas para el otorgamiento de préstamos, con impacto particular en familias, emprendedores y pequeñas empresas. En ese sentido, reiteró su disposición al diálogo técnico para revisar la normativa y preservar tanto la protección al consumidor como la estabilidad financiera del país.
